¿Cómo de pública debe ser la escuela pública?

El Estado, a través de las leyes, señala los contenidos que se deben aprender. Esto depierta recelos, pues los partidos pueden aprovechar la educación para adoctrinar

Foto: Diferentes clases, diferentes procedencias. Signos de la escuela pública. (iStock)

El Confidencial 28/2/17.  Autor:José Antonio Marina

Al tratar los temas educativos, conviene recordar la frase de Scott Fitzgerald: “La prueba de una inteligencia de primera clase es la habilidad para tener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo, y seguir funcionando”. Esto se puede aplicar también a la inteligencia política y a la educativa. En España, los pactos no han sido posibles por la incapacidad de resolver cuatro viejísimos conflictos: (1) tensión entre las competencias del Estado y los derechos de las familias, (2) tensión entre la gestión social y la gestión estatal del sistema educativo público, (3) tensión entre la idea laica de la escuela pública y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y (4) tensión entre el currículo nacional y las competencias curriculares de las comunidades autónomas.

Al tratar estos temas, debemos recordar que los derechos fundamentales pueden colisionar, manteniendo cada uno de ellos su legitimidad. Así ocurre entre libertad y seguridad, libertad de expresión y derecho a la intimidad, propiedad privada y función social de la propiedad, educación pública y derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Por eso, la única solución es ‘ponderar’ el derecho que en cada momento debe ser prioritario y que, en ocasiones, puede cambiar de una situación a otra.

Es fácil decir que el derecho implica que todos reciban una buena educación, lo difícil es decidir qué es una buena educación

El ‘derecho a la educación’ plantea una situación especial porque, hasta donde sé, solo el ‘derecho a vivir’ y el ‘derecho a la educación‘ tienen que ejercerse obligatoriamente, según la ley. Aquel, porque prohíbe el suicidio, y este obligando, en el caso de España, a estar en la aulas hasta los 16 años. Para que esto último sea posible y útil, hace falta un “estado garantista, promotor y bajo rigurosos controles democráticos”, que no se limite a garantizar libertades, sino que promueva las condiciones para que todo el mundo pueda ejercerlas, y que evite el indudable riesgo de adoctrinamiento. Pero con el reconocimiento del derecho no terminan los problemas, sino que empiezan, porque hay que definir el contenido de ese derecho, y la mejor forma de llevarlo a cabo.

La entrada del sector privado

Es fácil decir que el derecho implica que todo el mundo pueda recibir una buena educación, lo difícil está en decidir lo que es una buena educación. Cuando apareció la escuela pública, tuvo como finalidad conseguir la cohesión social. La Constitución española dice que el objetivo es una “educación integral”, lo que no aclara mucho. Según la propuesta del comisionado para los derechos humanos de la ONU, debe ser un “enfoque basado en los derechos humanos”. La OCDE y el Banco Mundial insisten en la ‘empleabilidad’.

La técnica ‘base cero’ exige justificar por qué debe existir esa asignatura. Obliga a responder a la pregunta: ¿y esto para qué sirve?

En el Reino Unido, los cambios educativos propiciados por Margaret Thatcher introdujeron los mecanismos del mercado dentro del sistema educativo. La Unión Europea ha seleccionado ocho competencias básicas, que son necesarias para realizar el proyecto europeo. Distintos consorcios internacionales estudian las que deberían ser las ‘destrezas del siglo XXI’. Las grandes empresas informáticas (Google, Apple, Microsoft, Cisco, etc.) quieren convertirse en las grandes protagonistas del negocio educativo. Los estudiosos de los currículos saben que a través de ellos puede transmitirse una concepción del mundo, por lo que las distintas ideologías quieren redactarlos. Se repite con insistencia en ciertos ambientes que la escuela debe instruir y la familia educar, sin explicar cómo se hace eso en la práctica. Como ven, el consenso es difícil de alcanzar. En 2015, la Unesco publicó ‘Replantear la educación’, donde se afirma que ante el aumento de la complejidad del mundo, “se hace más urgente que nunca replantear la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje”. Parece que hay cuatro objetivos básicos: la transmisión de la cultura, el desarrollo de una personalidad autónoma y libre, la empleabilidad y la convivencia justa.

¿Quién toma las riendas?

En todos los países, el Estado, a través de las leyes educativas, señala los contenidos que los alumnos deben aprender, lo que despierta muchos recelos, porque los partidos en el Gobierno pueden intentar aprovechar la escuela para adoctrinar. Las experiencias del siglo pasado son terroríficas. En este momento, en España, se acusa a los partidos nacionalistas de favorecer el nacionalismo en la escuela, y al PP de favorecer la enseñanza privada en detrimento de la pública. Desde posiciones de izquierdas, se denuncia una conspiración mundial en contra de la escuela pública, por lo que se pide al Estado que la proteja contra la invasión del mercado. Pero, si no es el Estado, ¿deberán ser las familias quienes decidan la educación? Los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero es difícil que conozcan el modo de conseguirlo. Pueden tener una vaga idea de los objetivos generales, pero no de los procedimientos para alcanzarlos. Además, su interés se centrará prioritariamente en sus hijos, sin atender a otras necesidades sociales. La tercera opción es que lo decidan los expertos en educación, pero en este momento su prestigio pasa por horas bajas.

Foto: iStock.

Ante esta situación, Amy Guttman, presidenta de la Universidad de Pensilvania, en su libro ‘La educación democrática. Una teoría política de la educación‘, considera que lo importante es “exigir una justificación democrática” de lo que se va a enseñar en la escuela pública. La necesidad de justificar lo que se hace en educación me llevó a defender el “currículo base cero”.

JOSÉ ANTONIO MARINA

Es una técnica copiada de la técnica hacendística de “presupuesto base cero”. Normalmente, los currículos, como los presupuestos, se basan en lo que se ha estado haciendo, en las distintas asignaturas o en los distintos ministerios, y de cara al nuevo currículo o al nuevo presupuesto, se pelea para añadir algo más. La técnica ‘base cero’, en cambio, exige justificar por qué deben existir esa asignatura o ese ministerio. Es decir, obliga a responder a una pregunta fundamental, tanto en educación como en política: ¿y esto para qué sirve?

A la vista de esta situación, y de su complejidad, en el ‘Libro blanco de la profesión docente’ recomendábamos la creación de un “Consejo Pedagógico del Estado” encargado de:

  1. Estudiar las innovaciones educativas internacionales más eficientes y evaluarlas.
  2. Atender especialmente a los cambios que se produzcan en la utilización educativa de las nuevas tecnologías y de las neurociencias.
  3. Recoger, evaluar y difundir las mejores prácticas realizadas en nuestro país, identificando a los mejores docentes.
  4. Asesorar a las administraciones educativas, a los centros de formación del profesorado, a los docentes, sobre los procedimientos, currículos, técnicas pedagógicas más adecuadas, gestión del cambio y liderazgo educativo.
  5. Como institución de garantía social, informar a la sociedad de los más importantes temas educativos que afectan su presente y van a influir en su futuro.

No se trata de multiplicar organismos, pues el Consejo Pedagógico del Estado podría formarse integrando funciones de organismos preexistentes, como el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

La igualdad de los centros empobrece la oferta. La elección de centro serviría para corroborar el interés de cada propuesta educativa

En otros países, se llevan cabo iniciativas similares. En Estados Unidos, John Goodlad reclamaba hace años la creación de un Centro Avanzado de Pedagogía, encargado de estudiar los cambios curriculares y didácticos, las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC, la aplicación a la escuela de los avances neurocientíficos, y evaluar su eficacia. Algo semejante a las competencias de Le Conseil Supérieur des Programmes, institución francesa creada en 2013 por la Ley de orientación y programación para la refundación de la escuela de la República. Una iniciativa igualmente interesante es la Iterative Best Evidence Synthesis en Nueva Zelanda, para “consolidar las evidencias sobre cómo promover el aprendizaje de los docentes de manera que impacte en los resultados de sus alumnos”.

La solución pasa por hacer más flexibles y variados los currículos, incluso a nivel de centro. La igualdad de los centros empobrece la oferta. La elección de centro serviría para corroborar el interés de cada propuesta educativa. Hay que añadir algo más. Los centros educativos situados en zonas difíciles, en riesgo de exclusión social o de marginación educativa, deberían ser especialmente protegidos, fomentando que los mejores profesores fueran a ellos, que tuvieran mayores presupuestos y un apoyo de otros organismos de la Administración. La flexibilidad curricular, pedagógica y organizativa resuelve una parte importante de los problemas educativos considerados irresolubles. Y todo esto, ¿tiene que hacerlo una escuela pública de gestión pública, o puede intervenir también la iniciativa privada? Este tema tendrá que quedar aplazado para la próxima semana.

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2017-02-28/como-publica-debe-ser-escuela-publica_1339635/



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